Al menos 79 religiosos han salido de Nicaragua por presiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen una feroz persecución y ataques en contra de la iglesia Católica de Nicaragua por considerarla enemiga.
Este fin de semana, se conoció que los sacerdotes Luis Masís Velásquez y Bayardo Antonio Rugama, ambos pertenecientes a la Diócesis de Bluefields, dejaron sus parroquias para evitar ser encarcelados, denunciaron los feligreses de sus comunidades.
Aunque la Diócesis de Bluefields, cuya sede está ubicada en el Caribe Sur, no ha oficializado la salida de ambos curas, los feligreses denunciaron a medios independientes que los dos sacerdotes eran hostigados constantemente por operarios del régimen, quienes los asediaban y los amenazaban con cárcel con fin de silenciarlos.
En el caso del sacerdote Bayardo Antonio Rugama, estaba a cargo de la parroquia de El Tortuguero, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Bayardo Rugama es originario del municipio El Ayote, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y se ha dedicado a la vida pastoral en Nicaragua desde que fue ordenado sacerdote a los 32 años, en la catedral del municipio de Nueva Guinea, en diciembre de 2010.
Cerca de 80 religiosos expulsados
En el caso del sacerdote Luis Martínez Velásquez fue ordenado Diácono en mayo de 2022, por monseñor Pablo Schmitz Simón (O.F.M), Obispo Emérito de Bluefields. El acto religioso, se llevó a cabo en la parroquia Santo Cristo Redentor en Muelle de los Bueyes.
De acuerdo con un último informe presentado por la abogada Martha Patricia Molina, investigadora y autora de "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?", los religiosos han sido expulsados del país por la dictadura de Daniel Ortega so pena de que si no se van, van a prisión.
Entre los religiosos destacados abruptamente se cuenta a Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien era el Nuncio Apostólico en Nicaragua, sacerdotes y más de una docena de religiosas. A estás últimas, el régimen, quien se ha autodenominado "Cristiano, socialista y solidario" les confiscó sus propiedades y bienes al acusarlas de lavado de dinero".
Entre los años 2018 y 2023, Molina ha documentado más de 500 ataques en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, que han incluido robos, profanaciones y quemas de templos.
Comments