Los trabajadores de La Prensa que fueron acusados por el Gobierno del supuesto delito de "menoscabo a la integridad nacional y de propagar noticias falsas" fueron llevados a audiencia inicial este pasado jueves 14 de octubre.
La acusación formal por parte del Ministerio Público fue hecha el 29 de septiembre por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, que señala a los colaboradores del diario de haber violado el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, refiriéndose a la divulgación de noticias falsas.
En tanto, la jueza del Distrito Penal de audiencias de Managua del que está a cargo Nadezhda Úbeda Obando admitió la acusación y la remitió a juicio oral y público. Asimismo mantuvo la figura de prision preventiva para ambos detenidos.
La judicial también mantuvo el caso como de "tramitación compleja" y descartó los argumentos de la defensa que señala una violación al debido proceso ya que estos fueron acusados meses después de que ocurrió la detención.
De los cuatro acusados, solamente los dos conductores se encuentran detenidos arbitrariamente en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote.
La detención de Mario Sánchez y Carlos Lam fue el 6 de julio, cuando agentes allanaron sus viviendas en Managua sin ninguna orden judicial en horas de la noche.
Además de los dos conductores, la fiscalía mencionó en su acusación a una periodista y a una asistente de redacción, pero ambas lograron salir al exilio y se encuentran en Costa Rica.
Tras este nuevo golpe del Gobierno a La Prensa, el rotativo tomó la decisión de enviar al exilio a toda su redacción, para evitar más detenciones y asedios en sus casas. La mayoría de los periodistas tuvieron que salir con pasaportes vencidos ya que Migración no los renovó.
Esta acusación se da debido a la cobertura que hizo el medio de comunicación a la salida de las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta hacia Costa Rica en el mes de julio.
La prensa también tiene desde hace más de un año en prisión a su Gerente General Juan Lorenzo Holmann, que fue detenido al día siguiente del allanamiento a las instalaciones del diario más antiguo del país, mismo que ahora el Gobierno esta convirtiendo en un "Centro Cultural" bajo el mando del INATEC.
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