El gobierno de Nicaragua ha convertido a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como instrumento de recopilación de información para su escalada represiva contra opositores.
El trabajo de esta entidad va encaminado con el combo de leyes con las cuales el oficialismo ha acabado contra organizaciones civiles en nuestro país.
Denis Membreño director de UAF presentó recientemente ante diputados de la Asamblea Nacional el Informe de Gestión 2022, donde destacó la salida de Nicaragua de la Lista de Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y de la Unión Europea.
Cuadra Membreño, experto en el temas de transparencia asegura que esta salida obedece a una posible mejoría en las 40 recomendaciones en las que Nicaragua únicamente cumplía 7, pero se desconoce enteramente ya que el GAFI no ha publicado los estatus y actuales "cumplimientos" de Nicaragua.
En el contexto de instrumentalización de leyes usadas contra opositores la Unidad de Análisis financiero (UAF) es solo una herramienta dentro del combo de leyes represivas, refiere Membreño.
El experto asegura que el combo de leyes como son la ley la de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, Ley No. 1055, Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la ley No. 977, Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo son las que han aplicado a los prisioneros políticos por lo cual fueron enjuiciados y procesados
"Conocemos que más de 3,000 organizaciones fueron clausuradas, muchas que seguramente ya no estaban cumpliendo pero otras que aun cumpliendo se les negó su derecho y fueron canceladas, por eso vemos que ahora "voluntariamente" algunas prefieren solicitar su disolución para no ver a sus patrocinadores vinculados políticamente". dijo.
Quizás podría interesarte: Organismo Water for People se retira de Nicaragua
Según la ley quienes tienen un ingreso de 10 mil dólares al mes deberían de darle seguimiento para conocer el origen de sus ingresos, pero ahora están bajando este techo, hay personas investigadas por ingresos de 5 mil dolares al mes, quienes deben probar sus ingresos como lícitos, explicó Cuadra.
"Hay personas que no reciben este ingreso y aun así son procesados otros aún logrando probar sus ingresos lícitos también son procesados y es el caso más emblemático fue la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH),", explicó.
Comments