La Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) impgunará la decisión del Ministerio de Gobernación (Migob) referida al cierre de esa casa de estudios y que se hizo público tras la publicación en La Gaceta del martes 7 de marzo.
La información, fue revelada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) mediante un acta, donde exponen que la UCAN no hará entrega inmediata de registro académico de los estudiantes, información de docentes, carreras y planes de estudio, entre otros requerimientos solicitados por las autoridades para iniciar la transición.
Según el CNU, la rectora de la UCAN, Janet Bonilla, solicitó tiempo para interponer un recurso de impugnación contra la resolución aprobada por Gobernación y que decreta el cierre inmediato de esa Alma Mater.
De igual forma, manifestó que no entregarán la información requerida hasta que no se haya agotado la vía administrativa, aconsejada por el abogado.
Ante la negativa de la universidad, la Comisión del CNU informó que interpondrán denuncia ante las autoridades por incumplimiento de lo ordenado por el MIGOB en el acuerdo ministerial No. 28-2023 OSFL, en el que manda a entregar todos los registros para proceder a la reubicación de los estudiantes a otras universidades del CNU.
Tal decisión de impugnar el cierre arbitrario, fue informada en una reunión que sostuvo una comisión "Ad Hoc" del CNU y autoridades de la UCAN como Monseñor Silvio Antonio Selva; el director financiero y un abogado externo de esa casa de estudios superiores.
Entre los argumentos del MIGOB para aprobar la cancelación de la personería jurídica de la UCAN y la Universidad Católica Juan Pablo II están supuestos incumplimientos a las leyes y normativas del CNU y CNEA, así como no reportar estados financieros, ejecución de fondos, entre otros.
Recientemente se supo que la UNIVAL había interpuesto una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la cancelación de su personería jurídica en 2022, la cual magistrados declararon "inadmisible" por una supuesta falta de legitimación procesal
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