Veintisiete países de la OEA rechazan ataques hacia la Iglesia Católica en Nicaragua


Antimotines impidieron la salida de Monseñor Rolando Álvarez de la Curia Episcopal


Veintisiete países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), votaron a favor de una resolución en la que se condenan los ataques hacia la Iglesia Católica en Nicaragua, la cancelación de Organizaciones Civiles y demandan la liberación de los más de 170 presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.


En su intervención, Josué Fiallos, representante permanente de República Dominicana se refirió a la prohibición que hizo la policía a la Arquidiócesis de Managua de realizar una procesión para clausurar un congreso mariano.



Asimismo, mencionó el cierre de ocho radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa y a Monseñor Rolando Álvarez, a quien calificó de ser "un pacifista que nos inspira a todos".


"Las imágenes de Monseñor Álvarez y sus acompañantes imposibilitados de desplazarse debido a un cerco policial de escudos antimotines en sus puertas son más elocuentes que cualquier discurso", dijo Fiallos.



En tanto, el representante de Uruguay Washington Abdala, expresó que espera que la OEA "haga mucho más y con mayor intensidad" para ejercer presión al Gobierno nicaragüense.


Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la Organización, dijo que Daniel Ortega continúa "empeñado en violentar los mínimos estándares de la carta democrática", con el cierre de medios, organizaciones internacionales, presos políticos y violaciones constantes a los derechos humanos.




Vaticano apoya diálogo


Monseñor Juan Antonio de la Cruz, observador permanente de la Santa Sede manifestó que apuestan por el diálogo como un instrumento de democracia.

"La Santa Sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz", dijo Monseñor de la Cruz.


¿Qué dice la Resolución?


La sesión extraordinaria realizada este viernes 12 de agosto donde se aprobó una resolución sobre la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua fue solicitada por la misión permanente de Antigua y Barbuda y respaldada por las misiones de Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay.


El documento que consta de cinco puntos, resuelve lo siguiente:

  • Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua.

  • Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

  • Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el derecho internacional.

  • Encomendar al Secretario General que transmita esta resolución al Gobierno de Nicaragua

  • Seguir ocupándose de este asunto y considerar la adopción de medidas adicionales según sea necesario.


Nicaragua fuera


En noviembre de 2021, el Canciller Denis Moncada informó en Conferencia de Prensa la salida de Nicaragua de la OEA, esto tras las críticas de la organización contra las elecciones realizadas en noviembre, donde fue reelecto el presidente Ortega.


Debido a los estatutos, Nicaragua debe esperar hasta 2023 para dar por finalizada su participación como país miembro.


Sin embargo, en marzo de este año, unas declaraciones sorpresivas de Arturo McFields denunciando las violaciones a los Derechos Humanos y reconociendo la existencia de presos políticos pusieron de cabeza al Gobierno, quien como respuesta ante tal terremoto diplomático no le quedó más que retirar las credenciales de los representantes de la OEA en el país y ocupar las instalaciones de dicho organismo.


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