El edificio que era propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo en la ciudad de León, ahora funciona como una una oficina de servicios de trámites migratorios del Ministerio del Interior (MINT) que se apropió de lugar después de expulsarlas en julio de 2023.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció el hecho en sus redes sociales.
"Dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo que en julio de 2023 fueron expulsadas por la dictadura sandinista. En el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado", posteó Molina en X.
El MINT ni siquiera se dignó a cambiar el color de las paredes del edificio que fue donado a las monjas por una benefactora y según Molina hasta están utilizando los mismos muebles.
En 2023, el régimen a través del entonces Ministerio de Gobernación, negó la renovación de la residencia de las religiosas, por lo que tuvieron que trasladarse a El Salvador y dejaron abandonado el convento donde prestaban servicios sociales a pobladores.
En su investigación, Molina recopiló que el año pasado el régimen expulsó a más de 76 religiosas y 6 religiosos de manera arbitraria e injustificada. De igual forma, unos 13 edificios pertenecientes a la Iglesia Católica fueron confiscados por el régimen y ocupados para oficinas públicas.
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