Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, y es el noveno con las peores condiciones carcelarias para presos según un ranking del World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, que es compilado por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICCPR, por sus siglas en inglés) en Reino Unido.
Nicaragua contabiliza ocho sistemas penitenciarios, entre ellos el más popular; el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, mejor conocido como “La Modelo”, ubicado en Tipitapa, el cual recibe el título como una de las peores cárceles de Nicaragua por el hacinamiento entre prisioneros, el contrabando, las torturas y el deterioro de la infraestructura.
“La Modelo” se ha convertido en un ejemplo de cárcel para el contrabando, los expendios de drogas y el hacinamiento entre carceleros, pues las condiciones cada año son más precarias, según revelaciones de un exreo común, quien prefirió identificarse como José. Este ciudadano, quien cumplió su condena por robo agravado, dijo que este penal no solo ofrece una insfraestructura deteriorada, sino también una clase de “mercado negro”.
“Allí sobrevive el más fuerte”
En 2020, Amnistía Internacional denunció que en Nicaragua la “cárcel y el Covid-19” fueron el “cóctel letal” que recetó la administración Ortega y Murillo a los presos debido al hacinamiento en los penales y las precarias condiciones carcelarias que prestan esas instalaciones del país.
En más de dos décadas los sistemas penitenciarios pasaron de tener 6,539 reos, a contabilizar 21,098 al cierre de 2023, representando un incremento de casi el 330%, mientras la inversión pública en los penales disminuye de forma paulatina.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los gastos de manutención de esos centros en Nicaragua en 2022, fueron de 609 millones de córdobas, y un año después disminuyó a 588 millones de córdobas, 21 millones menos en comparación al año anterior.
El Estado controla todo
El último diagnóstico público sobre las cárceles en Nicaragua fue hecho en 1996 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el cual concluyó en que el sector carcelario constituye una “encrucijada de gran importancia entre el sistema de justicia penal y la protección ciudadana”, pues está mal orientado o mal dotado a seguir siendo una “escuela del crimen”, y en el caso de los detenidos que ya han purgado su pena, constituirán una importante amenaza para la sociedad.
Hasta 2006, con el entonces presidente Enrique Bolaños (q.e.p.d), los organismos de la sociedad civil tenían acceso a los sistemas penitenciarios para fiscalizar las condiciones de los presos y el respeto a los derechos humanos. No obstante, con la llegada de Ortega al poder, este mecanismo fue anulado, pues el régimen sandinista tomó control absoluto de los penales en Nicaragua.
Incluso, desde 2018 -con el estallido sociopolítico en Nicaragua- la extinta Cruz Roja Nicaragüense (CRN), fue la única institución de derechos humanos y de primeros auxilios con “luz verde” para constatar las condiciones carcelarias, sobre todo para reos de conciencia de la dictadura orteguista.
En ese sentido, el IIDH recomendó en su estudio que, Nicaragua debería centrarse “en la rehabilitación exitosa del recluso” con la finalidad de que cuando haya cumplido su condena, “la comunidad quedará protegida ante al peligro”.
Cabe señalar, que con Ortega en el poder, desde 2014 en Nicaragua ha proliferado el indulto de reos comunes, sumando hasta este 2023 al menos 38,540 prisioneros liberados en todo el territorio, para un promedio anual de 4,282 excarcelados. La mayoría de los transgresores, dejaron sus celdas sin haberse rehabilitado por completo.
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