El Ministerio de Gobernación (MIGOB) dio a conocer en el diario oficial La Gaceta de este jueves 27 de julio, la cancelación de la personería jurídica de más de 20 organizaciones, fundaciones y asociaciones sin Fines de Lucro que trabajaban en Nicaragua en diversas áreas.
Una de las que se suma a la lista de más de 3 mil ONG´s canceladas es la Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas (CJA), que desde 1994 se dedicó a promover la educación ambiental en Nicaragua.
De acuerdo al MIGOB, los Jóvenes Ambientalistas a como eran comúnmente conocidos, se encontraban en incumplimiento de las leyes que rigen a las ONG´s, además no habían reportado estados financieros en el período de 2021 a 2022 y la Junta Directiva se encontraba vencida desde el 27 de febrero de 2022.
Los Jóvenes Ambientalistas estaban constantemente capacitando a la población en el manejo de los desechos, además organizaban la Feria por el día de la Tierra, donde informaban a cientos de estudiantes.
Recientemente, los Jóvenes Ambientalistas lanzaron una campaña para alertar a la población sobre el uso del plástico, ya que es un material altamente perjudicial para el medio ambiente. De igual forma, denunciaron que en Nicaragua no existe una institución que atienda esta problemática y que ya ha ocasionado el colapso de algunos vertederos.
Bienes confiscados
El acuerdo ministerial no. 93-2023, firmado por la Ministra María Amelia Coronel Kinloch, señala que el Club de Jóvenes Ambientalistas ha obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) del Migob.
Gobernación también los acusa de no reportar Juntas Directivas y Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, además de no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines.
En cuanto a los bienes de la organización, el MIGOB refiere que la Procuraduría General de la República (PGR), al mando de la recién sancionada Wendy Morales, será quien realice el traspaso de bienes al Estado.