El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se unió a la condena y rechazo de las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega contra sacerdotes, laicos y feligreses de la Iglesia Católica nicaragüense, denunciadas por organismos internacionales durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante la sesión del miércoles 11 de octubre, el secretario adjunto del sistema de peticiones y casos en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó una actualización sobre la crisis de DDHH que persiste en Nicaragua y que día a día recrudece.
El representante de la CIDH, hizó enfásis en la falta de separación de los poderes del Estado y del cierre de espacios cívicos, que lleva a que no exista una participación cívica, política y religiosa en Nicaragua. También, denunció la persecución a la Iglesia católica y severas restricciones a la práctica de la religión.
"El Colectivo hace eco de la solicitud de la CIDH y condena las detenciones arbitrarias e inconstitucionales durante las últimas semanas, de sacerdotes, feligreses de la Iglesia Católica y personas considerdas opositoras por parte de la Policía y paramilitares, brazos represores del régimen", cita el comunicado.
La organización denuncia que los actos carecen de total legalidad y violan el debido proceso, tanto de las normativas internas del Código Procesal Penal y de la Constitución política, así como las garantías internacionales en materia de derechos humanos.
Para el Colectivo, el régimen Ortega-Murillo persigue la consolidación de un estado totalitario y hace del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad, una política como respuesta a las demandas de la ciudadanía nicaragüense.
Más de 10 sacerdotes arrestados
En las últimas semanas, el régimen ha intensificado su ataque a la Iglesia, con el arresto de seis sacerdotes en menos de diez días, todos de las Diócesis de Jinotega y Estelí, que siguen asignadas a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de cárcel.
Feligreses en calidad de anonimato, denunciaron que algunos de los curas fueron golpeados y sacados con violencia de las casas curales por paramilitares, y en otros casos por agentes policiales de la capital.
Hasta el momento, los religiosos continúan en calidad de desaparecidos, ya que se desconoce exactamente hacia donde fueron trasladados y el Estado no ha brindado información de ninguno.
Cabe destacar que este pasado miércoles, la CIDH brindó medidas cautelares a Monseñor José Leonardo Urbina, que se encuentra en una celda de máxima seguridad llamada "La 300" y debido a sus enfermedades está en una condición de riesgo. El sacedote fue el segundo en ser arrestado y condenado por el régimen, que le imputó delitos contra una menor de edad.