Esta es una pieza producida bajo la alianza de periodismo independiente “Redes de Nicaragua” conformada por Fuentes Confiables e IP Nicaragua.
La cancelación del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) tendrá una devastadora consecuencia para las comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente han sido sometidas al abandono de los gobernantes en Nicaragua: "Más violaciones a los derechos, desplazamiento y pobreza", advierten defensoras de la Costa Caribe nicaragüense.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por incondicionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 2 de octubre de 2023 canceló la personería jurídica del partido Yatama, tras conocerse que sus principales dirigentes Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, fueron detenidos por la Policía Nacional.
La decisión adoptada por la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del CSE neutraliza a esa organización indígena de cara a las elecciones regionales de marzo de 2024.
La miembro del consejo directorio del partido indígena Yatama Anexa Alfred Cunningham, considera que esta es una acción "arbitraria e ilegal" y afecta de manera desproporcional a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
"La persecución, la represión y la criminalización a los líderes a los comunitarios, a los defensores de los derechos indígenas continúa y está llegando a su pico más alto", advierte Alfred Cunningham.
Yatama es un partido político indígena de la Costa Caribe de Nicaragua que se organizó en 1987 por una unión de grupos indígenas que lideraban una lucha armada contra el régimen sandinista de la época. Años más tarde participó como aliado del FSLN en las elecciones generales de 2006 y 2011.
"Han desaparecido bajo el poder de la Policía orteguista un liderazgo fuerte como la de Brooklyn Rivera y eso tiene una afectación en las comunidades. Yatama representaba el último bastión de resistencia en las comunidades indígenas y afrodescendientes", dijo Alfred Cunningham.
Costa Caribe sin representatividad en la Asamblea Nacional
Brooklyn Rivera, máximo líder de Yatama, era el diputado propietario del partido indígena y Nancy Elizabeth Henríquez, su diputada suplente. Ambos son indígenas de la etnia miskita, originarios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) y ocupaban el único escaño que tenía ese partido en la Asamblea Nacional.
"El régimen Ortega y Murillo, a través del Consejo Supremo Electoral de una forma ilegal y arbitraria despojaron la representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Asamblea Nacional", señala Alfred Cunningham.
Según Alfred Cunningham, "la diputación que el ostentaba (Rivera y Henríquez) en la Asamblea Nacional había sido puesta por los votos propios de las comunidades indígenas y afrodescendientes".
Yatama inicialmente era parte de la alianza Unida Nicaragua Triunfa encabezada por el FSLN en 2006. Esa alianza incluía acuerdos en el que el partido de gobierno se comprometía a avanzar en el proceso de titulación y saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes, una petición histórica del movimiento social encabezado por Yatama.
Sin embargo, por la falta de cumplimento, Yatama abandonó esa alianza en 2014. La organización política siguió haciendo lo suyo y en 2015, Rivera fue desaforado por apoyar las demandas indígenas contra el gobierno de Ortega.
En las últimas votaciones nacionales de 2016 y 2021, Rivera pudo retener su escaño en la Asamblea Nacional por el fuerte apoyo y respaldo de la población indígena del Caribe Norte, de donde es originario.
"Él (Rivera) vuelve otra vez a la Asamblea Nacional con votos propios de las comunidades indígenas", destaca Alfred Cunningham.
Consecuencias de esa ausencia
Una de las principales preocupaciones es la falta de representatividad con la que están quedando las comunidades indígenas, sin voces que realmente transmitan las demandas y necesidades de las poblaciones étnicas.
Un informe sobre el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge la relevancia de la participación y organización libre de las comunidades nativas de Nicaragua.
Destaca que las asambleas comunales y territoriales son clave para “tomar decisiones, para discutir sobre los asuntos que le compete, así como a elegir a sus autoridades comunales y territoriales, identificar a sus representantes ante el gobierno nacional e instituciones del Estado”.
Refiere que estos grupos poblacionales deben decidir sobre el desarrollo de su comunidad, a ser consultado de manera libre previa e informada en nuestra propia lengua y sin injerencia política-partidaria”.
En este sentido, insisten en que los “pueblos afrodescendientes tienen que ser libres para tomar sus propias decisiones tomando en cuenta sus costumbres y tradiciones el cual se retoma en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes especificas que deben ser respetadas por el Estado y por los gobiernos del país”.
Contrario a este planteamiento y modelo organizativo de las etnias nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega usa el chantaje y la represión como mecanismo único para quienes no se alinean a su política oficial.
Camino a ser un partido único
Carlos Guadamuz, del Colectivo Nicaragua Nunca Más explicó que Ortega más bien se ha encargado de ir relegando a los auténticos representantes del Caribe. “Ha sido un ataque deliberado, sistemático y planificado para menoscabar la autonomía de los pueblos indígenas, que no fue una dádiva ni ninguna regalía de nadie”, expone el defensor.
Guadamuz explicó que los concejos regionales han venido desconociendo las elecciones de las comunidades y en su parte se han venido incorporando a los cuadros del Frente Sandinista, pero esto “ha sido en detrimento de los usos, costumbres y tradición indígena y agravado con las tomas de tierra”.
El analista político Eliseo Núñez asegura que la colocación de adeptos del sandinismo en cargos públicos pertenecientes al Caribe no es algo nuevo. La reciente destitución y encarcelamiento de los líderes de Yatama en la Asamblea Nacional es una represalia por ser la voz auténtica de sus pueblos.
“A partir del tema de la suspensión del Fondo Verde, Ortega vio la necesidad de cerrar todos los portillos y uno de ellos era el movimiento indígena que no respondía a sus propios intereses, entonces el golpe a Yatama obedece a que Ortega quiere presentar un informe sin ninguna contradicción y no le convenía que Yatama estuviera en el juego, porque iban a hacer las denuncias que correspondían”, explica Núñez.
El analista político advierte que el régimen va a camino a convertirse en un sistema de partido único en Nicaragua y esto anula cualquier verdadera representatividad. “No importa que vos representes un gremio o una comunidad étnica, como es el caso de los miskitos, lo primero que se te va a pedir es tu lealtad al partido, el resto no importa”, comenta el analista.
Resistencia indígena
Anexa Alfred Cunningham destaca que la resistencia de los pueblos indígenas no es de abril de 2018 a la fecha, sino que estos territorios llevan años de lucha.
“La lucha de los pueblos indígenas va más allá, un siglo resistiendo las violaciones de derechos humanos, y esto va a golpear duro y vamos a ver efectos gravísimos en las comunidades, como es el tema del desplazamiento, más pobreza, más miseria en las comunidades que es lo que está recetando este régimen, y preocupa, pero las comunidades van a seguir resistiendo por sus derechos individuales y colectivos", afirma Alfred Cunningham.
La activista opositora Daisy George West explicó que la Costa Caribe quedó totalmente desprotegida. "Sumado a lo de Yatama, la cancelación de las personerías jurídicas de las oenegés, quedan sin apoyo. Están altamente vulnerables. El panorama es oscuro y triste".
George West, cuestiona que "ante la ausencia del estado de derecho en Nicaragua y sin voz en la Asamblea Nacional” no habrá quien vele por estas poblaciones y sus derechos.
Elecciones regionales
Según los expertos, Yatama es la única organización con capacidad política para disputarle votos al FSLN en la Costa Caribe. Por lo tanto, sus bases han decidido no participar en las elecciones regionales previstas para 2024.
"Hay una decisión desde las comunidades indígenas y afrodescendientes de no participar en los procesos electorales del régimen, en este contexto en donde se han cerrado los espacios cívicos y se han eliminado todo tipo de expresión democrática", dijo Alfred Cunningham.
Además, el líder indígena Brooklyn Rivera “estaba preparando una asamblea para detener que Yatama participe en las próximas elecciones regionales de 2024”, coincide George West.
Una defensora de derechos humanos y afrodescendiente de la Costa Caribe de Nicaragua, que pidió anonimato por miedo a represalias explica que el partido Yatama nace de una lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe para reivindicar los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, y con este cierre, las necesidades del pueblo caribeño están vetadas.
El cierre o la cancelación de la personería jurídica de Yatama, según la defensora, trunca cualquier iniciativa de organización para las próximas elecciones regionales.
“La trayectoria de Yatama no es solamente de ostentar el poder político, sino reivindicar los derechos del pueblo indígena y afrodescendiente en un contexto nacional, donde los pueblos indígenas y afrodescendientes o la Costa Caribe puedan participar en las decisiones políticas del país, y ahora está prácticamente vetado", explica.
Las próximas elecciones regionales serán con “un solo partido”, afirma la defensora.
“Es lamentable que una vez más lo que estamos viendo es la intolerancia a la Costa Caribe con respecto a su derecho político y más que todo, tengo que decirlo con estas palabras, una discriminación y un racismo, porque si no estás bajo mi orden entonces no puedes existir", dijo.
Derecho a participar en elecciones de autoridades
Según la defensora, la suspensión de la personería jurídica de Yatama viola el derecho a participar en procesos electorales y elimina la representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las estructuras gubernamentales. También revela la falta de respeto y la imposición del gobierno hacia estos grupos.
"Al eliminar esa figura no quedan opciones, porque la única opción es el mismo partido que está afectando a nuestro pueblo. Entonces, cómo podés votar por un partido que te afecta tu opción de tener a tu representante donde se tomen decisiones, que son los consejos regionales, la Asamblea Nacional y los consejos municipales o las alcaldías. Básicamente quedan desprotegidas las comunidades indígenas, o sea, sin el partido, porque no hay quien los represente", asegura.
En su análisis, la defensora asegura que "el gobierno optó por cerrar la posibilidad de defender derechos en las estructuras de gobierno, pero también abre los ojos para que nuestro pueblo entienda la dinámica política del Estado Nacional hacia nosotros y que es muy diferente de lo que realmente debe ser. No hay respeto y atropellan derechos", dice.
Existe una sentencia
En 2005 Yatama obtuvo una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que determinó que el Estado de Nicaragua violó sus derechos de participación política protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos de candidatos de esa organización al impedirles participar en las elecciones municipales de 2000.
“La sentencia de la Corte-IDH instó al Estado a llevar a cabo una reforma del sistema electoral para garantizar la participación indígena en pie de igualdad. Sin embargo, la sentencia de la Corte permanece sin ser cumplida hasta la fecha”, recordó Alfred Cunningham.
Además, recordó que es un “caso sin precedente” en el que el Sistema Interamericano analiza los derechos políticos establecido en la Convención Americana y es un referente en materia de derechos políticos, pero en “Nicaragua no se ha logrado apropiarse de esta sentencia porque lo ven como si fuera algo para los indígenas".
El Subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, tras conocer la cancelación de Yatama, acusó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de “seguir silenciando las voces disidentes" en Nicaragua.