Ortega da más poder a la PGR, ahora certificará permisos ambientales otorgados por el Marena

Los permisos ambientales que otorgue el Marena ahora serán certificados por la PGR

A través de la Asamblea Nacional, Daniel Ortega continúa dando más poder a la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de ahora será la encargada de certificar todos los permisos y autorizaciones que otorgue el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. (MARENA).

Este jueves, los diputados sandinistas y colaboracionistas aprobaron de manera unánime y con "trámite de urgencia" la Ley para la certificación de permisos y autorizaciones ambientales, que a su vez modifica la Ley 217, Ley General del Marena y la Ley 411, Ley General de la PGR.

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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional dijo que lo que busca la Ley es "completar el proceso de autorizaciones o permisos ambientales" que tengan que ver con proyectos, obras e industria.

"...ahorita los permisos pasan por varios eslabones, uno de ellos es el que tiene que ver con la Alcaldía que da un permiso ambiental o certificación y posteriormente está el permiso ambiental del Marena, eso está relacionado con el sitio, características del lugar, la construcción, aspectos ambientales."

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Según Porras, las autoridades deben tener una forma de verificar y comprobar los aspectos legales de la propiedad, así como la idoneidad de los inversionistas o empresas que van a invertir y construir.

La ley expresa que la PGR requerirá al Marena e instituciones públicas pertinentes la información y colaboración que considere necesaria, además podrá auxiliar de la Policía.

Ortega ha cedido más control a la PGR, lo que facilita la confiscación de propiedades

"La PGR deberá resolver sobre la solicitud en un plazo de 30 días prorrogables por una sola vez por el mismo plazo. Transcurrido el plazo operarará el silencio administrativo negativo", expresa.

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En los últimos meses, Ortega a ampliado el poder de Wendy Morales, Procuradora General de la República, traspasándole a la institución el control del Registro Público de la Propiedad que antes tenía la Corte Suprema de Justicia.