"Se llama muerte civil": ¿qué implicaciones trajo el despojo hace un año de la nacionalidad nicaragüense para más de 300 opositores?

En esta composición fotográfica aparecen, a la izquierda, el opositor nicaragüense y exdiputado Enrique Sáenz, y a la derecha la activista Alexa Zamora.

El exdiputado y economista Enrique Sáenz perdió hace más de un año todo lo que tenía en Nicaragua de la noche a la mañana, incluida su nacionalidad. En sus propias palabras, su delito fue "oponerse al régimen dictatorial de Daniel Ortega".

"Además del despojo de la nacionalidad, en mi caso confiscaron mi casa, confiscaron mi vehículo, congelaron las cuentas bancarias que tenía, anularon la pensión de la seguridad social que venía recibiendo desde hacía ya varios años por haber cumplido la edad y las cotizaciones de retiro, anularon los diplomas y las licencias para ejercer esas profesiones", dijo Sáenz a la Voz de América.

"Pretendía matarnos cívicamente (...) es lo que se llama muerte civil", afirmó.

La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 21 que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad son reguladas por las leyes. Pero el oficialismo, que controla la Asamblea Nacional, aprobó una reforma para establecer que "quienes traicionen a la Patria pierden la nacionalidad".

Sáenz forma parte de los más de 300 personas a las que las autoridades de Nicaragua retiraron la nacionalidad nicaragüense en febrero del año 2023, seis años de las protestas que llevaron a una crisis política y social en la nación centroamericana. Entre ellos hay artistas, intelectuales, periodistas y escritores.

Reinventarse para sobrevivir

Alexa Zamora, una activista de derechos humanos, tuvo una experiencia similar cuando fue privada de la nacionalidad. Ella describe su situación actual como "un limbo legal".

"Todo lo que implica en términos de acceso a documentación legal, incluso como profesional para poder recibir una acreditación se me complicó", señaló Zamora.

Pero Zamora dice que la repercusión no la afectó únicamente a ella, sino también a su hija. "Tuvo un impacto secundario en mi núcleo familiar. Soy madre soltera y al haber desaparecido del registró afectó el estatus legal como nicaragüense".

La medida del presidente Daniel Ortega contra sus críticos al despojarlos de su nacionalidad fue vista con asombro por la comunidad internacional. Estados Unidos dijo que la acción era incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad", mientras que España ofreció la nacionalidad a los opositores.

Tanto Zamora como Sáenz han recibido la nacionalidad española y ambos lo catalogan como "un triunfo".

"Soy ahora ciudadano español. No soy apátrida. Sigo siendo nicaragüense. De hecho, al otorgarme la nacionalidad española, aclara que la recibo sin renuncia de la nacionalidad nicaragüense", dice Sáenz y en eso coincide Zamora.

Voz de América