Durante el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Expertos sobre Nicaragua presentará una actualización de la investigación que realiza sobre la crisis social, política y de DDHH que atraviesa Nicaragua desde 2018.
La información fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al medio digital Despacho 505.
Este avance puede que incluya la investigación que se realiza por la participación del Ejército en la represión a los manifestantes durante las protestas antigubernamentales que acontecieron en Nicaragua en abril de 2018.
En abril de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió por dos años más el mandato del Grupo de Expertos (GHREN) por lo que continuará las investigaciones sobre todo lo ocurrido en el país en cuanto a violación de DDHH se refiere.
El primer informe presentado por el GHREN en marzo determinó que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo son los "máximos responsables" de los crímenes de lesa humanidad y que ambos continúan participando en graves y sistemáticas violaciones y abusos de Derechos Humanos.
Los expertos, también señalaron a funcionarios e instituciones del Estado, así como de la Policía y el Ejército de seguir órdenes directas de presidencia y vicepresidencia para cometer actos contra opositores nicaragüenses.
En las 19 páginas del informe, el GHREN revela que desde el 2018 a la fecha, el Gobierno continúa cometiendo violaciones generalizadas a los derechos humanos en Nicaragua, que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles, motivado en su mayoría por razones políticas, entre los que se destacan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones al derecho de permanecer en el país
Durante un año, el GHREN, entrevistó y recopiló información con víctimas de estos crímenes y abusos cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega en conjunción con otras instituciones del estado, entre ellos la Policía y el Ejército y concluyó que estos no son un fenómeno aislado, sino que son producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico