Nicaragua figura entre países como Myanmar y Sudán por crímenes de lesa humanidad

Nicaragua figura entre países como Sudan y Myanmar, en la Atrocity Alert que es una publicación semanal del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger que destaca situaciones en las que las poblaciones sufren o corren el riesgo de cometer crímenes atroces.

Esta posición surge tras el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHRE), encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (HRC, por sus siglas en inglés), donde concluyen que las violaciones generalizadas equivalen a crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones por motivos políticos- han sido perpetradas por el gobierno de Nicaragua contra civiles.

La GHRE identificó a la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, jueces, fiscales y grupos armados oficialistas como los principales perpetradores, actuando bajo la autoridad y participación del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La GHRE advirtió que las violaciones y abusos sistemáticos, incluida la privación arbitraria de la nacionalidad, son parte de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y destrucción del espacio cívico y democrático”, con el objetivo de “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.

El organismo asegura que desde principios de febrero , el gobierno de Ortega ha revocado la ciudadanía a más de 300 presuntos opositores políticos, 222 de los cuales fueron deportados a la fuerza a Estados Unidos. Los investigadores advirtieron que estas últimas medidas son un claro indicio de que la situación sigue empeorando.

Luego de una brutal represión de las protestas en 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como los expertos independientes encargados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron que los crímenes de lesa humanidad han sido cometidos por el estado y agentes no estatales afiliados. Desde entonces, la represión sistemática del gobierno y el descenso al autoritarismo se han intensificado, y los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los estudiantes y académicos, los líderes religiosos y otros presuntos opositores son objeto de persecución.

Mientras Nicaragua continúa negándose a comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, el trabajo de GHRE sigue siendo vital para el monitoreo y la presentación de informes públicos, así como para la recopilación y preservación de pruebas de crímenes de lesa humanidad.

Durante la 52ª sesión en curso del CDH, los estados miembros deben renovar el mandato de la GHRE por un período de dos años. Elisabeth Pramendorfer, experta en Nicaragua del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, enfatizó que “los Estados deben utilizar la evidencia recopilada por la GHRE para buscar la rendición de cuentas de las víctimas, incluso a través de la jurisdicción universal, y fortalecer aún más un régimen sólido de sanciones individuales contra los altos cargos. perpetradores de nivel”.