A través de un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) citó públicamente a las personas o familiares que se encuentran habitando los bienes inmuebles de los que fueron despojados 94 opositores para formalizar el "estatus ocupacional" de los mismos.
Según la institución gubernamental, la resolución judicial leída el pasado 15 de febrero por el Magistrado Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) es de "indeludible cumplimiento", por ello hacen esta citatoria, para cumplir "legalmente" con el despojo de las propiedades y otros bienes.
La PGR, llama a las personas tanto naturales como jurídicas que se encuentran usando los bienes confiscados, ya sea en calidad de alquiler, usufructo u otras similares a acudir a las oficinas de esa institución del Estado para formalizar el estatus ocupacional.
De acuerdo a información divulgada por medios independientes, un día después del despojo arbitrario de la nacionalidad y la confiscación de bienes, agentes de la Policía y de la PGR allanaron las viviendas de Sofía Montenegro y Azahalea Solís, ubicadas en Reparto San Juan, en un complejo habitacional llamado Amazonia, de igual manera informaron a los vecinos que si querían seguir habitando allí, debían pagar al Estado 500 dólares de alquiler.
Para despojar de la nacionalidad y los bienes, el Gobierno, a través del Poder Judicial declaró traidores a la patria y prófugos de la justicia a los 94 opositores, la mayoría en el exilio, para ello utilizó la reforma exprés al artículo 21 de la Constitución Política, la Ley 1055 y una nueva Ley que abarca lo de la pérdida de la nacionalidad.
Entre los 94 opositores se encuentran religiosos como Monseñor Silvio Báez, escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, académicos como Ernesto Medina, periodistas, defensores de derechos humanos, feministas y miembros de la sociedad civil nicaragüense.