"Exigimos el retorno de la democracia en Nicaragua", dijo el presidente de Paraguay ante la ONU

Santiago Peña, presidente de Paraguay demandó el retorno de la democracia en Nicaragua

Han pasado casi seis años, y la crisis sociopolítica en Nicaragua todavía sigue dando de que hablar en instancias como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este lunes el presidente de Paraguay, Santiago Peña abogó por el retorno de la democracia en el país centroamericano.

Durante la 55 sesión del Consejo de DDHH de la ONU, del que Paraguay es miembro desde hace tres años, Peña también demandó la realización de elecciones justas en Venezuela y el fin de la guerra en Ucrania.

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"Reiteramos nuestro llamado al cese de la invasión en Ucrania, y que en Venezuela se lleven a cabo próximamente elecciones justas y transparentes. Exigimos también el retorno de la democracia en Nicaragua", dijo el mandatario.

Peña, que lleva seis meses al frente de la presidencia de Paraguay, manifestó que la presencia de su país en esa instancia de la ONU, ha fortalecido el posicionamiento de su política de DDHH y seguirá impulsando debates que aborden problemas persistentes y emergentes.

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El jefe de Estado, aseguró que mientras Paraguay sea miembro del Consejo, seguirá impulsando una agenda democrática.

Crímenes de lesa humanidad, según informe de expertos

En 2023 el grupo de expertos de la ONU confirmó en su informe que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes durante las protestas de 2018, que dejaron más de 300 fallecidos.

El grupo de expertos también destacó que desde el 2018 la preja presidencial ha cometido violaciones generalizadas a los derechos humanos en Nicaragua, que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles, motivado en su mayoría por razones políticas, entre los que se destacan ejecuciones extrajduciales, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones al derecho de permanecer en el país.

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Durante un año, el GHREN, entrevistó y recopiló información con víctimas de estos crímenes y abusos cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega en conjunción con otras instituciones del estado, entre ellos la Policía y el Ejército y concluyó que estos no son un fenómeno aislado, sino que son producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico.