El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo el jueves una licencia del Congreso para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y dedicarse a la campaña para su reelección.
Aunque la Constitución lo prohíbe, el mandatario busca un nuevo mandato de cinco años en los comicios del 4 de febrero. La cámara aprobó su petición con 67 votos a favor y 12 en contra. De los 84 diputados, cinco se ausentaron de la votación.
El vicepresidente, Félix Ulloa, presentó un pedido similar y recibió el visto bueno del Congreso a su solicitud como compañero de fórmula de Bukele en la misma votación.
Pese a la prohibición estipulada en la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que el Bukele sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión.
Bukele pidió al Congreso que nombrase a Claudia Juana Rodríguez de Guevara para que ocupe el cargo entre el 1 de diciembre y el 30 de mayo de 2024, cuando concluye el mandato presidencial actual, una petición que recibió el respaldo del pleno.
Rodríguez de Guevara, licenciada en Administración de Empresas, es una persona de confianza del mandatario y funge también como presidenta de la junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), institución de la cual es la representante legal. Además, es secretaria del consejo de ministros.
Antes de alcanzar la presidencia en 2019, Bukele se inició en la política en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán (2012-2015), antes de dar el salto a la de la capital, San Salvador, de 2015 a 2018.
Abogados constitucionalistas sostienen que su participación en las elecciones viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluyendo el 154, que dice que “el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones un día más”.
El mandatario salvadoreño, que goza de una alta popularidad, se inscribió el pasado 27 de octubre. Según las encuestas más recientes, el 70,8% de la población aprueba su gestión y el 97,7% piensa que la violencia ha disminuido.