Parlamentarios europeos enviaron una carta al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, para solicitar que incluya la situación de Nicaragua en la próxima reunión de Ministros de los 27 países miembros.
Los 24 eurodiputados firmantes, también piden a Borrell desarrollar los instrumentos necesarios para cumplir con las demandas realizadas en las resoluciones aprobadas por Unión Europea en 2022, donde exige el cese del acoso a la iglesia católica, la liberación de los presos políticos, incluido Monseñor Rolando Álvarez.
Asimismo, urgen que en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores se apruebe un nuevo paquete de medidas contra las más altas instituciones del régimen de Nicaragua y que las mismas sanciones se extiendan a Daniel Ortega.
La petición de los parlamentarios europeos se da tras la cancelación de la personería jurídica a la Compañía de Jesús en Nicaragua, a la que le fueron confiscados todos sus bienes, incluida la Universidad Centroamericana (UCA).
"Esta decisión se tomó sin los procedimientos reglados establecidos por ley y bajo gravísimas acusaciones de fraude y terrorismo. Desgraciadamente la Compañía de Jesús no tendrá acceso a ninguna instancia mínimamente justa en Nicaragua en la que poder defender su labor en la promoción de la dignidad, la educación y la formación de los nicaragüenses", reza la misiva.
Para los eurodiputados, la acción del régimen contra los Jesuitas se suma al constante hostigamiento contra la Iglesia Católica, que incluye amenzas contra la congregación de La Salle, el congelamiento de cuentas del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, así como la encarcelación de Monseñor Rolando Álvarez.
Los firmantes de esta carta, señalan que la Compañía de Jesús era la "última institución" que quedaba en pie para defender la dignidad de cada uno de los nicaragüenses dentro y fuera del país.
De igual forma, expresaron que esta cancelación no es solo una violación de la libertad religiosa, sino que también de la promoción de la cultura y el acceso a la educación, ya que más de cinco mil jóvenes de la UCA se vieron afectados con la confiscación del recinto y otros colegios se encuentran en incertidumbre.