Las mujeres periodistas del Caribe Sur continúan siendo blanco de los ataques y asedios de simpatizantes del partido de Gobierno, que a través de insultos y agresiones intentan amedentrarlas por realizar su trabajo de informar a la ciudadanía.
El informe de la red regional Voces del Sur, destaca que la periodista Yahaciela Barrera de radio La Costeñísima ha sido víctima por al menos cuatro meses de agresiones y amenazas por parte de personas desconocidas.
La periodista relató que el pasado 10 de noviembre, en el barrio Las Cruces, en Bluefields, un sujeto la atacó verbalmente con palabras obscenas, de igual manera la persiguió por varias cuadras, hasta que ella logró refugiarse en una vivienda.
Barrera, manifestó que ya teme por su vida, debido a las constantes agresiones de las que ha sido víctima desde el mes de agosto.
De igual manera, su colega de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar denunció haber sido víctima de un intento de hackeo en una de sus cuentas de redes sociales.
Salazar, explicó que el 28 de noviembre, una persona no identificada intentó hackear su cuenta de Facebook ingresando posibles contraseñas, debido a que todas eran incorrectas, la red social procedió a bloquear su cuenta temporalmente.
La comunicadora, lamentó ser víctima de este tipo de ataques debido a su labor como Jefa de Prensa de una radioemisora y que en diversas ocasiones, simpatizantes del partido de Gobierno han amenazado con cerrarle sus cuentas en redes sociales.
El informe mensual, también destacó que en noviembre se contabilizaron 6 casos de violaciones a la Libertad de Prensa y que otros cuatro periodistas tuvieron que irse al exilio debido a las amenazas y asedio policial que se incrementó en el marco de las votaciones municipales de este 2022.
Los departamentos donde se registraron más casos son Jinotega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur con 2 cada uno, seguido de León y Managua con 1 caso.
Nuevas medidas de Costa Rica limitan trabajo informativo
Voces del Sur, también recoge en su informe que las nuevas medidas tomadas por el Gobierno de Rodrigo Cháves para frenar la migración económica a Costa Rica, también afectan a defensores de derechos humanos y periodistas que están en ese país exiliados debido a la persecución en Nicaragua.
Con estas nuevas medidas, los activistas en pro de los derechos humanos no podrán salir de Costa Rica a denunciar a los diferentes Comités y Cortes Internacionales, los atropellos a los que son sometidos los nicaragüenses; por lo que ahora tendrán que buscar nuevas formas de denuncia, sino su caso de asilo y refugio será archivado.
Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, dijo que las nuevas disposiciones tomaron por sorpresa a los defensores de Derechos Humanos, ya que no solo limitan las condiciones para los solicitantes de refugio, sino que vulneran el derecho al trabajo y al ejercicio de la libre expresión.