La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión de la dictadura de Venezuela de suspender las actividades de su Misión en Caracas, y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia.
“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”, indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el régimen de Nicolás Maduro para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en Venezuela de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La dictadura venezolana argumentó este jueves que la oficina de Naciones Unidas en la capital nacional ha “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo, lo que ha justificado su suspensión.
También señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas, y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, indicó el canciller venezolano Yván Gil.
El ministro explicó que esta decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.
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