Dos días después de la expulsión del país de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio de Gobernación (MIGOB), publicó en el diario oficial La Gaceta, la aprobación de la cancelación de la personería jurídica de esta organización.
Según el acuerdo Ministerial No.91-2023, la Fundación de las religiosas estaba incumpliendo las leyes del Migob desde el 2021, ya que supuestamente tenía junta directiva vencida, y tampoco reportó los estados financieros de los períodos fiscales 2020-2021-2022.
El Migob aduce que las Hermanas no presentaron desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación y el detalle de las donaciones.
En su justificación, Gobernación también manifestó que la Fundación de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro y no promovían políticas de transparencia en la administración de fondos.
Con respecto a los bienes inmuebles de las religiosas que tenían sus instalaciones en el departamento de León, el MIGOB ordenó el traspaso al Estado de Nicaragua.
El domingo se conoció que agentes policiales irrumpieron en horas de la madrugada en la casa de las Hermanas de la Fraternidad y se las habían llevado con rumbo desconocido.
Horas después se supo que las religiosas habían sido trasladadas hasta El Salvador y se encontraban sanas y salvas. Ellas pretendían abandonar el país en los próximos días ya que la Dirección General de Migración y Extranjerías (DGME) no les renovó la residencia.
Por su parte, a través de sus redes sociales, las Hermanas agradecieron al pueblo y la iglesia Católica nicaragüense la acogida brindada en los siete años que estuvieron en el país.
"Con eso, queremos agradecer a todas las consagradas, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar a Cristo a los pobres. Con estos sentimientos informamos que nuestras hermanas fueron enviadas para la misión de El Salvador para continuar su misión".
Las religiosas se encontraban en Nicaragua desde febrero de 2016 y se dedicaban a dar atención a los pobres brindándoles alimento, vestuario y oración. Además, tienen presencia en otros países como Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
Desde el 2018 a la fecha, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han cesado la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, y han expulsado a más de 40 religiosos y al menos 30 sacerdotes han decidido exiliarse para evitar ser detenidos arbitrariamente.
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