En horas de la noche del jueves 10 de agosto, la Universidad Centroamericana (UCA) envió un correo a toda su comunidad estudiantil y colaboradores para tratar de "apaciguar" los temores de una posible confiscación por parte del régimen Ortega-Murillo.
En la comunicación, la UCA reiteró que continúa su funcionamiento como casa de estudios superiores y que en los más de 60 años de fundación ha enfrentado un sinnúmero de situaciones adversas.
"...Actualmente nos encontramos realizando las gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario y nos dificulta realizar operaciones bancarias", expresa parte del correo enviado por la institución.
La UCA recalcó que a pesar de estos inconvenientes continúa su compromiso con los estudiantes, docentes y personal administrativo.
El miércoles 9 de agosto, una fuente cercana al Ministerio de Gobernación (MIGOB) confirmó al medio Divergentes que el régimen de Daniel Ortega había ordenado congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana pero no les informó si existía una investigación por el origen de los fondos.
Ante esta medida, la casa de estudios superiores envió un correo institucional donde informó de inconvenientes en sus canales y medios de pago por problemas ajenos a su voluntad por lo que no estarían recibiendo pagos de aranceles y otros servicios.
Hasta el momento la universidad no ha emitido un comunicado oficial con respecto a esta medida arbitraria ordenada por el régimen que afecta a miles de estudiantes, personal administrativo y docentes.
Según la infomación publicada por Divergentes, la UCA realizó el miércoles movimientos internos, organizativos y financieros para mitigar el impacto del congelamiento de sus cuentas bancarias.
En tanto, el jueves, una fuente de la universidad confirmó al mismo medio de comunicación que además de las cuentas, los bienes inmuebles también fueron inmovilizados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Se dieron cuenta de la inmovilización de todos sus bienes inmuebles cuando iban a realizar movimientos de las propiedades. La UCA no fue notificada para nada y parece que fue una orden dada ya hace un par de meses", reveló la fuente.
De igual forma, se supo que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el MIGOB no le otorgaron la acreditación para que siga funcionando, "la embestida contra la universidad es total", agregó la persona informante.
En diciembre de 2021, la UCA informó que los días 13, 14 y 15 recibió la visita de tres pares verificadores del CNEA, que tenían como fin constatar la existencia de evidencias correspondientes a las pautas de calidad que demuestren el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 704.
De acuerdo a la institución educativa los representantes del CNEA recorrieron el campus para conocer los laboratorios, aulas de clases, biblioteca, Centro de Innovación, entre otros espacios de aprendizaje claves.
El régimen de Ortega ha utilizado al CNEA y CNU para justificar el cierre de más de diez universidades privadas del país, aduciendo que algunas de ellas no cuentan con la infraestructura necesaria para las clases, que la oferta académica no posee los mínimos de calidad o bien que los docentes no están capacitados.
A raíz del 18 de abril de 2018, el régimen empezó una arremetida contra la Universidad Centroamericana por la participación de su comunidad educativa y autoridades en las protestas antigubernamentales y por acoger a cientos de manifestantes el 30 de mayo, tras el ataque de paramilitares a la marcha del día de las madres.
En abril de 2022, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, lo que abrió paso para que la UCA fuera expulsada del CNU, que significó el retiro del 6% constitucional que le era entregado.
Antes de quitarle por completo el 6%, el CNU fue gradualmente retirándole el presupuesto que pasó de 251.8 millones de córdobas en 2018 a 1 millón de córdobas en 2022. Esta medida afectó a cientos de estudiantes becados a los que se les redujo el porcentaje otorgado, así como a futuros becados.
De igual forma, ha utilizado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para negarle la entrada al vicerrector de la universidad, Jorge Huete, que en septiembre de 2022 esperaba retornar a Nicaragua después de participar de una actividad de la Academia de Ciencias. Algo similar ocurrió con el exrector, el padre José Alberto Idiáquez, que fue parte de la mesa de Diálogo; en junio del año pasado no pudo acudir al traspaso de la rectoría porque le prohibieron entrar al país.