Gabriel Boric se sumó este martes a la condena internacional por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) por parte del régimen de Daniel Ortega y dijo que la acción profundiza el deterioro del Estado de Derecho y afectan el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
"El Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las recientes acciones...Se solidariza con esa comunidad universitaria y con todos aquellos afectados por estas medidas represivas", reza el comunicado.
Chile repudió la medida adoptada por el régimen el pasado 15 de agosto, en la cual se le abrió una causa penal a la UCA por el supuesto delito de terrorismo. Esta acción contempla la incautación de todos los bienes de la universidad y la suspensión de sus actividades, dejando en incógnita el futuro de más de 6 mil alumnos, 550 profesores y cientos de personas en cargos administrativos.
Para el Gobierno chileno el cierre de la UCA constituye un grave atentado contra la libertad académica, el derecho a la educación y los principios democráticos que deben prevalecer en América Latina.
El país andino exigió al régimen de Ortega cesar cualquier medida que afecte la integridad y el funcionamiento de la UCA y de quienes la dirigen, además, instan a respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a una educación de calidad.
Finalmente, el Gobierno de Gabriel Boric, hace un llamado a la comunidad internacional para que se sumen a esta condena y se pronuncie contra las acciones del régimen.
Colombia solidaria con la UCA
Otro de los países de Latinoamérica que reaccionó al robo de la Universidad Centroamericana (UCA) fue Colombia, dirigida por el izquierdista Gustavo Petro, el fin de semana, a través de Cancillería emitió un comunicado para solidarizarse con la comunidad estudiantil.
"Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes. El Gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión", cita el comunicado.
Después de este pronunciamiento, la Cancillería de Nicaragua respondió a como es costumbre, con un lenguaje grosero al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
En su nota, Nicaragua dijo no reconocer al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, además la tildó de servil.