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Promueven ley de protección a presos políticos de Nicaragua


Senadores estadounienses introdujeron una iniciativa de ley que busca dar protección a los desterrados políticos / Foto Referencial
Senadores estadounienses introdujeron una iniciativa de ley que busca dar protección a los desterrados políticos / Foto Referencial

Los senadores Tim Kaine y Bill Cassidy introdujeron ante el Senado de los Estados Unidos una iniciativa de Ley que busca beneficiar a los opositores desterrados por Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 9 de febrero.


El proyecto llamado "Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua" tiene como fin otorgar beneficios a los opositores que fueron desterrados, y además desnacionalizados. También incluye a familiares directos como padre, madre e hijos.

La sección 2. de esta ley especifica que las personas que podrán ser beneficiadas con esta iniciativa deben ser nicaragüenses y en el caso de ser un extranjero sin nacionalidad, su última residencia debe haber sido Nicaragua.



De igual forma, debe haber llegado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 como parte de una liberación de prisioneros políticos y que además haya recibido un permiso humanitario de dos años.

La sección 3. referida a los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios, señala que un nacional nicaragüense podrá gozar de los beneficios, si completó la aplicación de la ley de verificación de antecedentes satisfactoriamente, de acuerdo a lo requerido por el Secretario de Seguridad Nacional y si el Parole no ha sido revocado o se encuentra en trámites de renovación.


Beneficios de la Iniciativa de Ley


Los 222 opositores desterrados hacia Estados Unidos y sus familiares, podrían optar a este beneficio de aprobarse la Ley
Los 222 opositores desterrados hacia Estados Unidos y sus familiares, podrían optar a este beneficio de aprobarse la Ley

Los beneficios descritos en la sección 4 de este proyecto de Ley, son con los referidos al derecho a una asistencia para la reubicación, así como a programas de derechos y otros beneficios disponibles para los refugiados que son admitidos de acuerdo a la sección 7 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos.

De igual forma, los beneficiarios de esta ley, podrán tramitar un permiso de conducir y los hijos tendrán acceso a servicios de bienestar infantil.

Opositores reaccionan


Por su parte, Félix Maradiaga, que forma parte del grupo de los 222 y es el presidente de la Fundación Libertad, que ha cabildeado para que esta iniciativa fuera llevada al Congreso, manifestó su agradecimiento a ambos senadores y que el proyecto es un "paso crucial" para reconocer la difícil situación por la que atraviesan los presos políticos.


"Es alentador saber que hay senadores como ustedes que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos y brindan apoyo a quienes lo necesitan... Los 222 expresos políticos que fueron detenidos en Nicaragua por su oposición a la dictaura de Daniel Ortega, fueron objeto de prácticas ilegales, incluyendo el despojo de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes", dijo.

Maradiaga, también expresó que los beneficios descritos en la Ley, marcarán una diferencia significativa en las vidas de los afectados por los disturbios políticos políticos en Nicaragua, y que son necesarios para que puedan continuar con su trabajo en la defensa de los DDHH, además es una vía rápida para obtener un estatus legal en el país norteamericano.



Otro de los que reaccionó a este proyecto fue Juan Sebastián Chamorro y lo catalogó como un "importante reconocimiento" a los presos políticos de Nicaragua.

El destierro de los 222 presos políticos hacia Estados Unidos fue ideado por Rosario Murillo, confesó Daniel Ortega en una comparecencia realizada horas después de haberlo llevado a cabo. Para lograr su cometido, fue necesaria la participación de la Asamblea, que de manera exprés aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política con respecto a la nacionalidad.


De igual forma, el poder judicial, a través del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), aprobó sentencias rápidas donde destierran a los opositores y les revocan la nacionalidad. Recientemente, ordenó a la PGR confiscar los bienes inmuebles de los 222 desterrados.

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