Régimen ordena retirar rótulo de Universidad Centroamericana

En horas de la noche del jueves el régimen de Ortega ordenó retirar el rótulo de la entrada de la UCA

Aprovechando la pasividad de la noche, el régimen de Daniel Ortega envió a sus trabajadores a remover el rótulo de Universidad Centroamericana (UCA) que se encontraba en la entrada principal del recinto que fue confiscado de facto producto de supuestas acusaciones de "terrorismo".

El hecho fue capturado por ciudadanos que se encontraban en las cercanías de la UCA, una vía muy transitada y concurrida por situarse cerca de paradas de buses urbanos e interlocales.

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La acción aumentó la tristeza, consternación y enojo de la comunidad educativa de la confiscada UCA y de la población nicaragüense en general. A través de las redes sociales las personas expresaron que aunque retiren el nombre, no borran los principios y valores de una de las casas de estudio superior de mayor prestigio en el país.

Docentes y alumnos de la UCA divulgaron que también la noche del jueves los correos institucionales donde se informaba el quehacer de la universidad y avisos relevantes quedaron inhabilitados.

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Los trabajos en la fachada principal de la universidad se dan horas después de que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en una sesión realizada en Camoapa, Boaco cancelaron la autorización de funcionamiento a la UCA y crearon la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

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Asimismo, el CNU nombró a las autoridades de esa nueva institución, personas leales al sandinismo que llevan años trabajando en la UNAN-Managua. Los elegidos para los cargos principales fueron: Alejandro Enrique Genet Cruz como rector; Luz Marina Ortiz como vicerrectora; y como Secretario General Moisés Ignacio Palacios.

En tanto, en redes sociales circuló un supuesto mensaje donde citan a universitarios becados de la confiscada UCA a participar en el acto de inauguración que se llevará a cabo este viernes en horas de la tarde.

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Jesuitas niegan acusaciones

Por su parte, el padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús reiteró que son falsas e infundadas las acusaciones del régimen contra la Universidad Centroamericana (UCA), a la que también se le negó el derecho a una legítima defensa.

"Sabemos que son totalmente falsas y sin fundamento alguno, todas las acusaciones que se le hacen a la UCA. Se le ha negado además el derecho a la legítima defensa. Un juicio justo -con una justicia imparcial-, sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando desde las protestas juveniles del 2018", reza parte del comunicado.

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El rector de los Jesuitas, pidió que se revierta la decisión del régimen y se corrija la medida judicial contra la UCA para que "cese la represión gubernamental contra ella y contra sus integrantes".

Confiscación ejecutada en una semana

La confiscación de facto de la Universidad Jesuita fue ejecutada por el régimen de Ortega en menos de una semana, el pasado miércoles 9 de agosto el Alma Mater confirmó el congelamiento de sus cuentas bancarias por lo que no estaba aceptando pagos de aranceles ni de los servicios que presta. Al día siguiente se conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) inmovilizó sus bienes muebles e inmuebles, acción que no fue informada con anterioridad.

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El sabado 12 de agosto, la casa de estudios superior intentó acallar rumores de cierre y a través de una publicación en redes sociales y correos electrónicos dijo a sus estudiantes que continuaba funcionando y los instó a inscribirse en el II semestre. El 14 de agosto mediante La Gaceta se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la acreditación al bufete jurídico de la UCA como centro de Mediación Alterno de Conflictos. El martes 15 informó a sus colaboradores que presentaba problemas para pagar la quincena al estar imposibilitada de realizar transacciones masivas.

La confiscación de facto de la UCA fue ejecutada en menos de una semana por el régimen

Finalmente, el miércoles 16 de agosto a las 11:44 de la mañana confirmó vía correo electrónico el oficio girado por la jueza Gloria Saavedra, en el que acusa a la UCA de funcionar en 2018 como un "centro de terrorismo" y de "organizar grupos delincuenciales", además señala que ha sido dirigida por "grupos de personas que han transgredido el orden constitucional".

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Antes del mediodía las autoridades de la universidad desalojaron al personal administrativo y docente que se encontraba en el recinto, así como a los alumnos. Ese mismo día por la tarde el CNU emitió un comunicado donde expresó que daría continuidad a los estudiantes de la UCA, hasta que esté pasado jueves se consumó la confiscación.